PRI DEFENDERÁ A LOS MEXICANOS EN PRESUPUESTO
- Lo propuesto por Morena endeudará al país y castigará con impuestos a trabajadores
Guanajuato, Gto. 18 septiembre, 2025
Lo que propone Morena con el Paquete Económico 2026, solo endeudará al país más de lo que se encuentra, les elevará los impuestos a la clase trabajadora y generará más el retroceso de los jóvenes en México.
Así lo manifestaron los integrantes del Comité Estatal del PRI ante representantes de medios de comunicación, además de calificarlo como ficticio e irresponsable, pues se diseñó con un marco Macroeconómico poco creíble.
La presidenta del CDE, diputada Ruth Tiscareño, el delegado del CEN Eligio González y los diputados Rocío Cervantes y el coordinador Alejandro Arias señalaron que se proyecta un crecimiento económico de entre 1.8 y 2.8%, cuando las principales estimaciones de agencias calificadoras y bancos lo estiman en 1.2% y para este año en apenas 0.4%.
Y puntualizaron que se proyecta una plataforma de producción de petróleo de 1.8 mbd, cuando a la fecha es de 1.3 mbd. “Es ineficiente e irresponsable porque continúa endeudando al país al proyectar un déficit total de 1.58 billones de pesos (4.1% del PIB), y un endeudamiento interno neto de 1.77 billones de pesos”.
Recalcaron que Morena endeudará más a México, pues la deuda alcanzará los 20.25 billones con lo que prácticamente se habrá duplicado entre 2018 y 2026. El Costo Financiero de la Deuda (intereses) ascenderá a 1.57 billones de pesos, y es 1.5 veces más que lo que se destina a obra pública (Inversión física) o a lo que se destina al gasto en programas sociales.
Por otro lado, dijeron que a los ahorradores se les incrementa la tasa de retención a los intereses obtenidos al pasar del 0.50% actual, al 0.90% propuesto, es decir un incremento del 80% y se mata a las Pymes al modificar el tratamiento de los créditos incobrables y NO permitir su deducibilidad, NINGUN BANCO va a querer dar crédito, es una irresponsabilidad.
Con lo anterior, señalaron que el PRI defenderá a las y los mexicanos del presupuesto propuesta por Morena ya que castiga a las y los trabajadores con mayores retenciones de impuestos, aniquila a las pequeñas y medianas empresas, además de comprometer el futuro de millones de jóvenes mexicanos con recortes a la educación.
Autoridades municipales fueron omisas ante conflicto social: GPPRI
El reciente enfrentamiento entre dos grupos de manifestantes aquí en la capital motivó un posicionamiento de la diputada Ruth Tiscareño en sesión de la Diputación Permanente, un análisis estrictamente jurídico y constitucional de Juan Manuel Álvarez, penalista y asesor del GPPRI, y una declaración del diputado Alejandro Arias para sentenciar que en casos de esa naturaleza “lo legal debe estar por encima de lo político”.
La congresista cuestionó la inmovilidad de la Policía Preventiva durante la confrontación, y subrayó que había la obligación, de la autoridad, de que los actores de ambas manifestaciones no se encontraran frente a frente.
Arias Ávila, coordinador de la fracción parlamentaria priista en el Congreso local, resaltó por su parte que, en la toma de decisiones ante situaciones de esa naturaleza y de esas circunstancias, debe privilegiarse lo legal por encima de lo político.
Juan Manuel Álvarez, con base en su análisis, habló del derecho de reunión si éste es con fines pacíficos, sin armas y con un fin lícito, y de la existencia de un Reglamento Municipal que lo garantiza.
Manifestó que desde el momento en que la autoridad tiene conocimiento de que va a realizarse una manifestación, automáticamente, por normas internacionales y por la propia Constitución, está obligada a desplegar los protocolos correspondientes para que se tomen las medidas necesarias.
Al respecto, dijo que, “si se sabe que va a haber dos reuniones, y que son antagónicas, activar los protocolos para que los manifestantes no se revuelvan”, a partir definir espacios de seguridad, porque, añadió, “la autoridad tiene que resguardar a ambos grupos, aunque sean antagónicos, y la seguridad del resto de los ciudadanos”.
Sostuvo que durante las manifestaciones que tuvieron lugar el día 13 de este mes, no se activaron protocolos, “omisiones que, desde mi punto de vista y jurídicamente, son graves, porque no se puede volver a permitir que la autoridad se quede pasiva ante un enfrentamiento porque existe el riesgo de que desencadene en daños de mayor magnitud.
En alusión al enfrentamiento a golpes que protagonizaron actores de ambas manifestaciones, el asesor del GPPRI sostuvo que “lo acontecido se pudo haber evitado” y, en ese sentido, afirmó que desde el ámbito jurídico hay una responsabilidad de autoridades y que éstas deben asumirla en el ámbito que se considere pertinente por parte de las autoridades competentes, dependiendo de las denuncias, dónde se hagan, en el campo penal o el de derechos humanos.
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