Por conducto de sus apoderados legales, el Partido Revolucionario Institucional (PRI)  interpuso una formal denuncia de hechos en contra de Armando de la Cruz Uribe Valle, Laura Chávez López, Jacobo Manríquez Romero, Diana del Rosario Paco Argüello, Rafael García del Horno y Arturo Contreras Hernández y/o quienes resulten responsables de usurpación de funciones públicas, falsedad ante una autoridad y delitos electorales.

Entre las pruebas que se aportan en la denuncia destaca un escrito que firman Armando de la Cruz Uribe, Laura Chávez y Jacobo Manríquez ostentándose como presidente, secretaria General y secretario de Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal (CDE), dirigido al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) para notificarle que ocupan esos cargos.

También lo firman Diana del Rosario Paco Argüello y Rafael García del Horno como presidenta y secretario de la Mesa Directiva, y Arturo Contreras como escrutador.

En la denuncia de hechos, Ángel Araujo Betanzos y Martín Reyna Martínez piden a la Fiscalía General del Estado (FGE) ordenar se integre la carpeta de investigación correspondiente, misma que quedó registrada con el número 76540, y se realicen las indagatorias que correspondan para el esclarecimiento de los hechos constitutivos de delito narrados en el presente escrito.

Piden además a la FGE ordene la práctica de todas y cada una de las diligencias que estime necesarias para la acreditación de los mismos, así como los actos de investigación propuestos por la parte ofendida.

Fue la Agencia Investigadora 15-UTC03 la que tomó conocimiento de la denuncia de hechos, en la cual también se pide a la FGE se de vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por la sustracción de documentos públicos electorales pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional.

En dicho documento se asienta que “es evidente que las conductas dolosas desplegadas por los probables responsables, burlando la buena fe de la autoridad electoral, pretenden que ésta los acredite con nombramientos ilegales, por tratarse de una clara simulación de actos jurídicos, completamente alejados de la ley, y con ello tener recursos propios para su propio beneficio” por medio de las prerrogativas a que tienen derecho todos los institutos políticos.