El Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, por conducto de su secretario General, Armando de la Cruz Uribe Valle, pidió al gobernador Diego Sinhué que fije “un plazo perentorio que no debe rebasar los 90 días para darle resultados a los guanajuatenses” en materia de seguridad, porque no hay visos de que la violencia vaya a disminuir tras la sustitución de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por una Fiscalía General.

El pasado 20 de febrero la PGJE fue sustituida por una Fiscalía General, y quién era titular de la primera quedó al frente de la segunda, funcionario al que el titular del Ejecutivo debe dar un plazo de no más de tres meses para que revierta la inseguridad que azota al estado.

Hasta ahorita, un mes después de arrancar la Fiscalía General, “no vemos que disminuya la impunidad, la cual ha contribuido a que haya inseguridad y que la violencia cubra a la ma-yoría de los estados”, añadió Armando de la Cruz Uribe Valle.

Puntualizó sin embargo que, “el compromiso de fijar un plazo para que haya resultados en el combate a la delincuencia, no es porque lo pida el PRI, sino porque así lo exigen los guanajuatenses”.

“Para que no se confunda el señor gobernador, porque a nosotros no nos tiene que dar cuentas, sino a la ciudadanía, a la cual le dijo que no iba a haber curva de aprendizaje” si se dejaba al frente de la Fiscalía General a quien ya tenía nueve años como titular de la PGJE.

El secretario General del CDE recordó que el gobernador sostiene que él y autoridades nor-teamericanas respaldan el trabajo del ex procurador y ahora fiscal, pero subrayó que lo cierto es que hoy por hoy Guanajuato es el estado donde más homicidios dolosos se cometen, “una realidad muy distinta” a la que ve el mandatario estatal.

En ese sentido, después de recordar que hace poco más de un mes el propio gobernador dijo que mantener en la Fiscalía General al ex titular de la PGJE evitaba la curva de aprendi-zaje, resaltó que lo que existen son una serie de datos y hechos que no permiten presumir resultados distintos a los que se han venido dando.

Hay indicadores que prenden focos rojos, de alarma, dijo y citó, entre otros, el que cuatro de las 17 regiones más violentas que ubicó el gobierno federal se encuentren en nuestro estado, que Irapuato ocupe el 6º. lugar en la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo con más de 300 mil habitantes, que de octubre del 2018 al 14 de marzo Salamanca haya sumado 237 homicidios y que, de acuerdo con un conteo de Lantia, en los últimos tres meses del 2018 hubo trece masacres en Guanajuato con un saldo de 61 muertos, a las cuales se sumó la de los primeros minutos del sábado 9 de marzo en la Playa Men´s Club de Salamanca, la cual costó la vida a otras 15 personas.

El secretario General del CDE dijo que el PRI estatal estará muy al pendiente del comportamiento de los siguientes delitos: homicidio doloso, robo con violencia a negocios, extorsión y derecho de piso, robo de vehículos con violencia, robo a casa habitación y abigeato.

Para dar muestras de lo que está ocurriendo con el “golpe de timón” que en materia de seguridad ofreció el gobernador en campaña, comentó que la Región B de la antes PGJE (ahora Fiscalía General), la cual comprende los municipios de Salamanca, Irapuato, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Valle de Santiago, Huanímaro y Cuerámaro, concentra el 45% de los homicidios de todo el estado.

Sostuvo además que se han cerrado delegaciones del Ministerio Público (MP) en Santa Ana Pacueco, Pénjamo; en Pueblo Nuevo, en Huanímaro, en Cuerámaro y en Romita, lo cual dificulta que la población pueda ejercer su derecho a exigir justicia, porque aunque las mueven a ciudades más pobladas, es una traba para los ciudadanos que deben recorrer grandes distancias para interponer una denuncia.

Finalmente, tras concluir que de nada sirve que la Fiscalía cuente con suficiente personal y recursos financieros y materiales, así como modernas instalaciones, porque eso no se ha visto reflejado en una mayor seguridad y tranquilidad para los guanajuatenses, Uribe Valle dijo que el PRI daba la bienvenida a los mil 600 agentes federales que reforzarán la seguridad.