Después de respaldar las acciones que concluyeron con la detención del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, diputado Santiago García López, subrayó que el combate a la corrupción y a la impunidad es un compromiso que su partido ha asumido con convicción.
“El PRI reafirma el compromiso que tiene con el Estado de Derecho, la transparencia y la rendición de cuentas”, dijo.
En ese sentido, García López reconoció los resultados de las pesquisas de la Procuraduría General de la República (PGR) que concluyeron con la detención de Javier Duarte, en las cuales fue de suma importancia la coordinación que mantuvo la fiscalía con otras instancias del Estado mexicano y de la República de Guatemala.
El líder del PRI en Guanajuato dijo estar a favor de que las autoridades encargadas de procurar justicia en el país realicen las indagatorias correspondientes frente a cualquier caso de corrupción, pero siempre respetando el debido proceso.
Bajo ese tenor comentó que, en el caso del ex gobernador de Veracruz, no sólo éste debe ser sancionado, también a quienes se compruebe que hayan formado parte de su red delictiva de acuerdo a las indagatorias de la PGR.
Sostuvo que casos de ex servidores públicos que hacen mal uso del erario público, no sólo deben ser encarcelados, sino que también tienen que resarcir el daño que se causó a la población.
“En estos casos el gobierno mexicano debe recuperar siempre dinero y bienes muebles e inmuebles producto de actividades ilícitas, para que se reintegren en su totalidad a los afectados por conductas al margen de la ley”, añadió.
Coincidió con la postura del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en el sentido de que en el caso del ex mandatario veracruzano las autoridades federales competentes deben trabajar también para resarcir el daño económico que se causó a los habitantes de Veracruz y al erario de esa entidad federativa.
Recordó que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue suspendido del PRI el 26 de septiembre de 2016 y que, a solicitud de la dirigencia nacional, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria lo expulsó del partido el 25 de octubre de 2016.
Finalmente comentó que acciones como las que despliega el Gobierno de la República que preside Enrique Peña Nieto para procesar a servidores públicos involucrados en ilícitos, acreditan que México está cambiando.