El PRI está a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, pero como un ejercicio

con apego a la ley.

En ese sentido, está de acuerdo en que se investigue manejo y destino de recursos

públicos, pero reprueba que antes de que se emitan resoluciones o sentencias, se

aproveche la presunción de irregularidades con fines políticos.

Bajo ese tenor, en lo que corresponde a presuntas anomalías en la administración pública

2012-2015 del municipio de León, el partido hace un llamado a todos los actores políticos

para que dejen que las instancias competentes hagan el trabajo que les corresponde.

Que sean ellas las que con base en todos los elementos de prueba que recaben,

determinen si se cometieron o no irregularidades en el manejo de recursos públicos, y si

proceden o no sentencias condenatorias.

Que sean la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) y la Procuraduría

General de Justicia del Estado (PGJE) a través de su Fiscalía Especializada en la

Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, las que, con apego a derecho,

decidan si se cometieron irregularidades y si procede fincar responsabilidades de carácter

administrativo o penal.

Acusaciones anticipadas pueden obedecer a otro propósito, el de desviar la atención por la

falta de resultados de la actual administración municipal de León, y en nada contribuyen a

revertir esa situación.