Si los homicidios dolosos, la manifestación más violenta de la inseguridad, se cuentan por miles en la última década, es obligado preguntarse cuántos responsables están tras las rejas para saber si la procuración de justicia ha sido efectiva o ha contribuido a generar un clima de impunidad que ha sido caldo de cultivo para que padezcamos esa calamidad.

El posicionamiento del Comité Directivo Estatal (CDE) frente a los niveles inimaginables que han alcanzado los asesinatos en nuestro estado fue emitido por su secretario General, Armando de la Cruz Uribe Valle.

Para dar una idea de cómo han escalado los homicidios dolosos, y de cómo “se ha descompuesto Guanajuato con los gobiernos de Acción Nacional en materia de seguridad”, se refirió al comportamiento de la tasa de homicidios de las cifras de los que se han cometido año tras año durante la última década.

En rueda de prensa, Uribe Valle destacó que mientras que en 2008 se contabilizaron 295 asesinatos, en 2018 nuestro estado ocupó el primer lugar nacional con 3 mil 410 casos, mientras que la tasa de homicidios también se ha visto impactada de manera significativa, pues pasó de 4.1 al empezar el 2008 y llegó a 43.8 por cada 100 mil habitantes en 2018.

Dijo que lo que reflejan esas cifras ha impactado en miles de familias guanajuatenses y en la cotidianidad de la mayoría de nuestros municipios, con casos extremos como los de Salvatierra, Salamanca y Pénjamo, que con tasas de 112.53, 100.14 y 80.99 homicidios por cada 100 mil habitantes ocupan los lugares 3, 6 y 15 en la lista de 15 municipios del país con la tasa de asesinatos más alta.

Esa es la posición en que nos ha colocado el aumento de asesinatos y consideramos que es obligatorio preguntarnos cuántos han sido sentenciados por la comisión de ese delito y, con ello, a cuántas víctimas se les ha hecho justicia, porque el homicidio doloso, al margen de cuál fue el móvil, es un delito de competencia estatal, comentó el secretario General del CDE.

Flanqueado por la secretaria de Operación Política, Claudia Navarrete Aldaco, y por la titular de la filial Guanajuato del Instituto Reyes Heroles, Eira Zavala, afirmó que una breve consulta al Código Penal del Estado de Guanajuato permite corroborar que su Artículo 138 precisa que “comete homicidio quien priva de la vida a otro”, sin importar el motivo, mientras que los dos siguientes estipulan que quien cometa un homicidio simple se hará acreedor a una pena de entre 10 y 25 años de prisión, y de 25 a 35 si se tipifica como calificado.

“Tan es competencia estatal el delito de homicidio que, como recordarán, hace apenas un año se adicionó el Artículo 141 para considerar penas de 30 a 60 años de prisión a quienes cometan un homicidio en perjuicio de un funcionario relacionado con la seguridad pública, o de un pariente en línea recta o colateral hasta la cuarta generación”, añadió.

El secretario General resaltó además que aunque parezca imposible, cifras de 2019 permiten presumir, hasta ahora, que la situación puede empeorar, pues mientras entre enero y marzo de 2018 fueron asesinadas 741 personas, en el mismo lapso del 2019 se contabilizaron 947 homicidios dolosos.

Y, en ese sentido, anotó que no obstante que en marzo y abril de este año hubo una baja, al registrarse 314 y 291 homicidios contra 340 de febrero, presumir esa disminución “parece una broma de mal gusto porque todavía no se puede hablar de una tendencia, pero sobre todo porque estamos a años luz de la realidad que imperaba hace poco más de una década”.

Uribe Valle manifestó finalmente que “el problema está en la procuración de injusticia”, porque justicia “no hay”, y recordó que el nuevo sistema de justicia penal se utiliza como pretexto ante la falta de resultados por incapacidad, ya que no se aplica o se aplica mal, con fallas notorias como la ausencia de una policía técnica, lo cual es una realidad a pesar de calificaciones que indican lo contrario y de contarse con tecnología e infraestructura de vanguardia.