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LEY DE AGUAS DE MORENA, UN ATENTADO AL CAMPO MEXICANO: PRI
LEY DE AGUAS DE MORENA, UN ATENTADO AL CAMPO MEXICANO: PRI

Por Prensa CDE Guanajuato
Guanajuato
Miércoles, 03 de diciembre de 2025

Comunicado


LEY DE AGUAS DE MORENA, UN ATENTADO AL CAMPO MEXICANO: PRI
- A decir de líderes priístas de Guanajuato, la ley que se pretende solo criminaliza a los campesinos

 

Guanajuato, Gto. 03 diciembre, 2025

Integrantes del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la Confederación Nacional Campesina (CNC), alertaron sobre los graves riesgos que representa la iniciativa de Ley General de Aguas impulsada por el Gobierno Federal y aprobada esta tarde en comisiones de la Cámara de Diputados por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El líder estatal de la CNC, Lorenzo Chávez Zavala y el secretario general del CDE del PRI Guanajuato, Bonifacio Rodríguez Olivares, coincidieron en que esta propuesta legislativa criminaliza a los productores, vulnera el patrimonio rural, concentra facultades discrecionales en el Gobierno Federal y abre la puerta al mayor despojo de recursos hídricos en el país.

“Lo realizado es una ley aprobada al vapor, sin diálogo y sin escuchar a quienes trabajan el campo, los campesinos”, señaló Lorenzo Chávez, quien denunció que la iniciativa fue construida sin mesas de trabajo, sin participación del sector productivo y sin atender los foros ciudadanos organizados en diversos estados del país.

“Morena pretende imponer una Ley de Aguas en “fast track”, sin diálogo y sin considerar al principal sector afectado que son los productores. Hoy, más que nunca, decimos: aguas con la Ley de Aguas”, afirmó.

Enumeró cinco riesgos centrales de la propuesta: Pone en riesgo el patrimonio rural, al prohibir la cesión de derechos de agua entre particulares, lo que devalúa tierras y parcelas. Crea un enfoque recaudatorio, al condicionar permisos y concesiones al cumplimiento de obligaciones fiscales. Criminaliza a los productores, imponiendo multas que pueden alcanzar siete millones de pesos y hasta triplicarse, además de penas de prisión de dos a 12 años por infracciones administrativas.

Añadió que se centraliza el control del agua en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), otorgándole facultades discrecionales y debilitando a los organismos de cuenca. Ignora derechos fundamentales, al no equilibrar el derecho al agua con el derecho a la alimentación y al desarrollo agrícola.

Recordó que el sector agropecuario ha sido uno de los más afectados durante los últimos años por el Gobierno Federal, con recortes por más de 213 mil millones de pesos en siete años, la desaparición de 24 programas de apoyo, la eliminación de precios de garantía y la extinción de la Financiera Rural. “Ahora quieren dar el golpe final: convertir el agua en un privilegio político y no en un derecho exigible”.

Lorenzo Chávez confirmó que contingentes de campesinos de Veracruz, Tlaxcala, Guanajuato y otras entidades se encuentran en ruta hacia la Ciudad de México para exigir un alto a esta iniciativa.

Finalmente informó que, minutos antes de concluir la rueda de prensa, se confirmó que la Ley de Aguas fue aprobada en la Comisión de Recursos Hidráulicos por 28 votos a favor y 10 en contra, con abstención de MC. “Faltan etapas legislativas, pero Morena tiene prisa. El país debe saber lo que se está fraguando en el Congreso”, sentenció.

El PRI reafirma su defensa del patrimonio rural

El secretario general del CDE Bonifacio Rodríguez Olivares expresó respaldo total a los productores movilizados y lamentó la campaña de descalificación del Gobierno Federal hacia las organizaciones campesinas.

“El Gobierno busca politizar las protestas, pero no hay nada más legítimo que defender el agua y el patrimonio de quienes trabajan la tierra. Nos solidarizamos con todos los compañeros que hoy se movilizan; cuando sea necesario, estaremos con ellos”, sostuvo.

Para concluir, alertó sobre el deterioro institucional del Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, cuyas oficinas operan en condiciones precarias debido al abandono presupuestal del Gobierno Federal.

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