A pesar de que el combate a la corrupción es una de las principales banderas del presidente de la República, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aumentaron la adjudicación directa de contratos y los programas sociales que aplican recursos sin Reglas de Operación.

El secretario General del Comité Directivo Estatal (CDE), Alejandro Arias, afirmó lo anterior en una rueda de prensa en la que se refirió a la adjudicación directa de contratos del gobierno federal y a los programas sociales sin Reglas de Operación como “dos ejemplos de opacidad y discrecionalidad que impiden la transparencia y la rendición de cuentas de la 4T”.

Arias Ávila, quien subrayó que el manejo discrecional de recursos públicos también es corrupción, mostró datos de Mexicanos contra la Corrupción que evidencian que las asignaciones directas han aumentado a pesar del compromiso plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo de prohibirlas para erradicar la corrupción.

“Resulta que tres de cada cuatro contratos se la 4T se entregaron por adjudicación directa, lo que revela que en ese ámbito el gobierno de AMLO está superando a sus antecesores”, dijo y expuso que mientras en 2018 el 76.23 por ciento de los contratos se asignaron por adjudicación directa, en 2019 ese porcentaje aumentó al 78.165.

“No es cierto lo que llegó a declarar la secretaria de la Función Pública en el sentido de que han disminuido las adjudicaciones directas”, resumió y mostró una tabla con las 30 instituciones del gobierno federal que han otorgado más contratos por adjudicación directa, listado en el que el IMSS figura en el número uno.

Acompañado del secretario de Asuntos Jurídicos, Ángel Araujo Betanzos,  el secretario General del CDE afirmó también que a pesar de que desde que como candidato López Obrador criticaba la discrecionalidad con que se ejercían los recursos de programas sociales y señalaba que eran electoreros, datos de Causa en Común y de la Secretaría de Hacienda con vigencia al tercer trimestre del 2019 demuestran que actualmente hay cinco programas que no tienen Reglas de Operación: Jóvenes Construyendo el Futuro, Beca Universal de Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, Sembrando Vida, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente y Crédito Ganadero a la Palabra, al tercer trimestre del 2019.

Alejandro Arias resaltó que el aumento de recursos que se ejercen sin Reglas de Operación y la disminución de los que se aplican sujetos a ellos es una tendencia que se mantiene.

Al respecto, anotó que información publicada en un diario de circulación nacional consigna que mientras en 2019 se ejercieron 269 mil millones de pesos a través de programas sujetos a Reglas de Operación, para este año serán 234 mil 100 millones los que se apliquen de esa manera, es decir, 34 mil 900 millones de pesos menos.

En contrapartida, añadió, mientras en 2019 se presupuestaron 387 mil 700 millones para ser ejercidos a través de programas sociales sin Reglas de Operación, para este año se podrán aplicar 409 mil 400 millones de pesos sin esas disposiciones que precisan cómo debe operarse un programa.

Arias Ávila, quien comentó que para el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se presupuestaron más de 100 mil millones de pesos para éste que es su primer año, subrayó que si no hay Reglas de Operación no es factible que el gobierno gaste de forma transparente los recursos públicos y se abre la posibilidad de que ese dinero se maneje de forma discrecional o responda a intereses políticos.

Dijo que la carencia de Reglas de Operación no permite la evaluación de programas sociales ni medir su alcance.

Advirtió que el partido estará atento de que se publiquen las Reglas de Operación del Insabi se publiquen al término del primer semestre de este año y el último día de este mes los del resto de programas sociales prioritarios que carecen de ellas, mientras que todo apunta a que los demás seguirán operando con Lineamientos, “que son más laxos y que permiten más discreción en su manejo”.

“También estaremos al pendiente de que los recursos que se gastan en programas sociales permitan el objetivo final, que es mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y no crear una red clientelar que todo parece indicar que es lo que se pretende”, apuntó finalmente.