La presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE), Ruth Tiscareño Agoitia, y el secretario General, Alejandro Arias Ávila, cuestionaron la transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la falta de resultados de los gobiernos federal y estatal en materia de seguridad.

La dirigente estatal del PRI contrastó que mientras la implementación del Seguro Popular incluyó consultas y consensos, el Insabi se puso en marcha apoyado en un mayoriteo en la Cámara de Diputados, “sin siquiera escuchar voces que tenían mucha experiencia en este tema”.

Tiscareño Agoitia subrayó que asignar recursos ya no en función de derechohabientes, sino a discreción, es una preocupación seria y un problema mayor para Guanajuato si el presidente de la República decide que los estados que no van a firmar el acuerdo no recibirán el mismo recurso que los que sí lo harán.

Enfatizó además que la atención médica y los medicamentos finalmente se pagan con los impuestos, y que hacer creer a la gente que ahora “va a ser un regalo”, permite presumir que más bien se está diseñando un sistema de salud clientelar.

Contrastó la trayectoria y experiencia del doctor Julio Frenk, creador del Seguro Popular, con el perfil de quien implementa el Insabi, Juan Antonio Ferrer, quien es licenciado en Admi-nistración de Empresas y cuenta en su currículo haber sido delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y secretario del Ayuntamiento y director del DIF municipal de Centro, Tabasco.

Habló de cobertura y resultados del Seguro Popular, uno de ellos, haber disminuido casi en un 40% la mortalidad infantil, y de las quejas de usuarios del Insabi por cobros indebidos, cuotas impagables, desabasto de medicina y falta de Reglas de Operación.

Finalmente, tras comentar que “desafortunadamente para millones de mexicanos hay algo peor que estar enfermo: la incertidumbre de no saber si hay un doctor que los atienda en hospitales y si podrán pagar”, la presidenta del CDE dijo que habrá que esperar a ver cómo acaba de aterrizar el Insabi.

El tema de inseguridad fue abordado por Alejandro Arias, quien resaltó que en ese campo federación y estado “tienen vidas paralelas” porque ni uno ni otro han dado resultados y comparten “índices históricos de homicidios dolosos”.

Dio cifras nacionales y del estado sobre el comportamiento de los homicidios dolosos en 2018 y 2019 y en los primeros días del año que inicia para soportar sus afirmaciones, y enseguida expuso lo que el partido pide a los gobiernos federal y del estado:

1. Control de armas de fuego.

2. Recuperar el territorio que hoy tenemos perdido, contra el crimen organizado.

3. Fortalecer la estrategia ante la socialización del delito, evidentemente hoy estamos perdiendo la batalla.

4. Depuración efectiva de los cuerpos que participan en el proceso judicial, el nivel de desconfianza hacia ellos es altísimo, la guardia nacional debe fortalecerse en equipo y en fuerza de tarea para poder mostrar su efectividad.

5. El reconocimiento de las fallas y los errores en las estrategias y acciones de gobierno, operan en sentido positivo.

6. Hacer relevos no debilita al gobierno; por el contrario, genera confianza.

7. La arrogancia gubernamental insulta y aleja al gobierno de sus gobernados.

8. El reparto de culpas y minimizar el problema de la inseguridad y la pretensión de la manipulación de las estadísticas, no solo no resuelven el problema si no que enojan, ofenden y aumentan la sensación de inseguridad.

9. El reparto de culpas no es estrategia para combatir los índices delictivos.

10. Caer en la tentación del factor electoral sería lo más ruin que pudiera suceder, hay indicios.

Sobre esto último, el secretario General del CDE dijo que “todo mundo sabe que Morena pretende gobernar Guanajuato, todo mundo sabe que aquí perdió Andrés Manuel López Obrador y que se retiró a la Marina en un determinado momento, así como que los pretendidos apoyos a gobierno del estado han sido a cuenta gotas, lo que puede ser una de las variables de la explosión de la inseguridad en el estado”.

Añadió además que si se compara el estado con otras entidades gobernadas por Morena, como Baja California, Puebla y Veracruz, donde hay disminución de homicidios dolosos, toma más fuerza la hipótesis de que sí hay una intencionalidad electoral en el apoyo que gobierno federal brinda a gobierno del estado.

“Pareciera que sí está importando el factor electoral, por eso lo que decimos es que ojalá y no sea así, pero hay indicios”, agregó y reiteró que “sería una medida muy ruin no dar el apoyo a Guanajuato en cuanto a las fuerzas federales en aras de que estemos con un conflicto grave de inseguridad”.