El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su sesión del día 6 de agosto del año en curso, emitió una resolución respecto de las inconsistencias encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a distintos cargos de elección popular correspondiente al proceso electoral 2017-2018 en nuestro estado.

En dicha resolución se definieron nueve observaciones de forma y 44 de fondo, de las cuales resulta un monto consolidado de 12 millones 57 mil 50 pesos con 60 centavos, cuyo origen sustancial, por una parte, fue la presentación extemporánea de la documentación soporte; y por otra, documentación no registrada porque no obstante contar con ella no se subió al sistema por los tiempos “fatales” normados por el INE.

En estricto apego a la legalidad y transparencia, del análisis que hicieron las áreas técnicas del partido, concluimos que no estamos de acuerdo con algunas determinaciones que el INE sostiene en su resolución.

Reiteramos nuestro apego a las instituciones y al estado de Derecho y expresamos nuestro respeto a la resolución, pero no la compartimos, por lo que el CDE, en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), a través de sus representantes en el Consejo General del INE, decidió impugnarla ante la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación.

Esencialmente la resolución nos causa agravio por la indebida calificación de las faltas graves, la no acreditación de las circunstancias de modo tiempo y lugar, y por la ilegal determinación en la individualización de las sanciones de la capacidad económica del partido.

Como se ve, no hay ninguna irregularidad ni nada que esconder en el manejo de los recursos, se trata de cuestiones técnicas rígidas que tienen que ver con lo estricto del esquema de fiscalización del INE.

En consecuencia, el partido, consciente del manejo pulcro de los recursos públicos, agotará todas las instancias legales para defender su patrimonio.