Presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP) Nacional.
Cuando menos 28 millones de mexicanos padecen de inseguridad alimentaria, por lo que esa carencia necesita la movilización de todos, como lo dijo la semana pasada el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña. Durante una visita a los comedores de la zona metropolitana del Estado de México, entre los 5 mil establecimientos similares con que cuenta la Sedesol y en donde todos los días atiende a familias en condiciones de carencia alimentaria, el secretario llamó la atención sobre ese problema y refrendó el compromiso social del gobierno de la República en esa materia.
Desde hace más de diez años la pobreza alimentaria continúa aumentando en México, no obstante, como informó el propio secretario, se está trabajando para identificar y abatir los elementos de esta carencia social, para conocer a profundidad en qué regiones se localizan las mayores necesidades y para actuar con políticas públicas.
Como ha sido profusamente difundido, México está entre los primeros países a nivel mundial en medir la pobreza mediante indicadores que resumen varias dimensiones del problema, y en adoptar el derecho a la alimentación bajo la tesis de que no padecer hambre debe estar garantizado. Ese derecho es de todos los individuos para disfrutar del acceso físico y económico a una alimentación adecuada y a los medios para obtenerla.
Para medir con la mayor precisión posible el fenómeno de la pobreza, en México se adoptó una metodología multidimensional, donde lo que se mide son las carencias, como las define el Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social, conocido como Coneval; rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda y, por supuesto, el acceso a la alimentación.
En ese contexto, la pobreza alimentaria se define como la insuficiencia en el ingreso de una familia para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar. Esta precisión ha mostrado que la pobreza alimentaria es la carencia social más sensible al comportamiento de la economía, ya que cuando crece la producción, la pobreza alimentaria disminuye rápidamente, y por el contrario, en condiciones de bajos crecimiento la pobreza alimentaria se acentúa porque el poder adquisitivo del ingreso se reduce.
En México existen algunos indicadores de pobreza alimentaria desde los años 50 que muestran al 62 por ciento de la población en esas condiciones, y otras estimaciones que reducen a la mitad el número de personas con ese tipo de pobreza en los últimos años de la década de los 60. Hacia finales de los 90 del siglo pasado, la información estadística muestra reducciones proporcionales a un cuarto de esa cifra inicial, para volver a repuntar la pobreza alimentaria en los primeros años de la década más reciente.
Este tipo de pobreza ha descendido en casi cualquier parte del mundo, y también lo había hecho en nuestro país; pero a últimas fechas se revirtió esa tendencia. A pesar de haber emprendido desde principios de este gobierno la Cruzada Nacional contra el Hambre, y de sostener el aumento de las trasferencias gubernamentales a este renglón, México está entre los países de América Latina donde ha crecido recientemente la pobreza alimentaria, con sus más de 28 millones de personas que la padecen. Así, de manera paralela al indicador alimentario, la pobreza de capacidades y la pobreza de patrimonio también se han disparado.
Pese a la disponibilidad de alimentos en México persiste la pobreza alimentaria; es decir, que derivado de una escasa distribución no existe la capacidad de compra de alimentos para uno de cada cuatro mexicanos. Resulta también paradójico que México ocupe uno de los primeros lugares a nivel mundial de obesidad mórbida, lo que incrementa severamente el riesgo de las enfermedades crónico degenerativas.
Lo que se deduce del bajo crecimiento económico del país es que la población en condiciones de pobreza alimentaria muy probablemente continuará en aumento. Si la economía no puede generar en el corto plazo la distribución necesaria, es preciso que la política social se haga más eficiente, sobre todo en la incorporación productiva de amplios sectores empobrecidos, de generación de empleo y salarios remunerativos, así como del impulso regional de la agricultura familiar para erradicar el hambre. En ese sentido, el gobierno de la República está refrendando con sus acciones ese compromiso.